Estafa y fraude informático: cómo se prueban y defensas posibles

Las estafas y fraudes informáticos dejaron de ser casos aislados para convertirse en un problema cotidiano: transferencias no autorizadas, suplantación de identidad, plataformas falsas y engaños cada vez más sofisticados. En este artículo revisamos cómo se prueban estos delitos en Chile, cuáles son las defensas posibles y por qué contar con asesoría penal especializada puede marcar la diferencia en el resultado de tu caso.

El auge de la estafa y el fraude informático

El aumento del uso de banca en línea, comercio electrónico y redes sociales abrió una puerta enorme a nuevas formas de estafa y fraude informático. Hoy, un engaño puede ejecutarse a través de un simple enlace, un sitio que imita al de tu banco o una llamada que combina datos reales con información robada para lograr que entregues tus claves.

A nivel penal, estos casos suelen ser complejos: intervienen plataformas tecnológicas, bancos, empresas de pago y proveedores de servicios en la nube. La prueba deja de ser solo documentos en papel y pasa a ser evidencia digital que debe resguardarse correctamente. En este escenario, contar con un equipo de abogados que entienda tanto el derecho penal como el funcionamiento de los sistemas informáticos es clave. En Justo Proceso hemos visto cómo una buena estrategia probatoria puede inclinar la balanza a favor de la víctima o del imputado.

¿Qué son la estafa y el fraude informático?

De manera muy sencilla, la estafa es un delito en que una persona engaña a otra, la induce a error y la lleva a realizar un acto de disposición patrimonial que le causa un perjuicio económico. El engaño puede adoptar muchas formas: una historia falsa, documentos adulterados o incluso una oferta comercial que nunca se cumplirá.

El fraude informático, por su parte, se apoya en sistemas y datos informáticos. La conducta típica suele consistir en introducir, alterar o manipular información en sistemas electrónicos con el fin de obtener un beneficio económico indebido. Algunos ejemplos frecuentes son:

• Uso indebido de claves bancarias obtenidas mediante phishing.
• Modificación de datos de una transferencia para desviar el dinero.
• Creación de plataformas falsas para simular inversiones o ventas.
• Alteración de saldos, cuentas o registros en sistemas internos de una empresa.

En la práctica, muchos casos combinan elementos de estafa “tradicional” y fraude informático. Por eso, el análisis jurídico debe ser cuidadoso: la calificación legal impactará en las penas, en el tipo de investigación y en las posibilidades de defensa.

Marco legal chileno y delitos informáticos

Chile actualizó su regulación sobre delitos informáticos incorporando figuras específicas como el fraude informático, el acceso ilícito, la interceptación de comunicaciones y la receptación de datos. Estas normas conviven con los delitos tradicionales de estafa y otros ilícitos patrimoniales, lo que obliga a revisar cada caso con detalle para determinar qué figuras penales se aplican.

Más allá de las etiquetas legales, lo importante para la persona afectada es entender que el sistema reconoce estas conductas como delitos y que existen herramientas para perseguirlas penalmente. Al mismo tiempo, quien es imputado tiene derecho a una defensa técnica que analice si efectivamente se cumplen los elementos del tipo penal, si existió dolo y si la prueba fue obtenida respetando las garantías constitucionales.

Si tienes dudas sobre cómo se aplica la normativa a tu caso concreto, puedes agendar una consulta con nuestro equipo de derecho penal en Justo Proceso para evaluar riesgos, opciones y pasos a seguir.

Cómo se prueban la estafa y el fraude informático

Probar una estafa o un fraude informático exige mucho más que relatar lo ocurrido. Es necesario reconstruir la historia del dinero, de las comunicaciones y de las acciones realizadas en los sistemas. En este tipo de casos, la evidencia suele incluir:

• Correos electrónicos, mensajes de texto y chats de aplicaciones de mensajería.
• Registros de acceso a plataformas, direcciones IP y logs de actividad.
• Comprobantes de transferencias, estados de cuenta y movimientos bancarios.
• Capturas de pantalla de sitios web, publicaciones en redes sociales y anuncios.
• Peritajes informáticos que analizan dispositivos, servidores o servicios en la nube.

Toda esta información debe ser recopilada y presentada respetando la cadena de custodia: quién la obtiene, cómo se almacena, en qué momento se entrega a la policía o al Ministerio Público. Una prueba mal resguardada puede ser cuestionada por la defensa y perder fuerza en juicio.

En Justo Proceso trabajamos con peritos y especialistas en evidencia digital cuando el caso lo requiere. Esto permite no solo acreditar los hechos, sino también explicar al tribunal, de forma clara, cómo se ejecutó el fraude y por qué la responsabilidad recae en una persona determinada y no en otra. Si estás reuniendo antecedentes, es un buen momento para contactarnos y revisar la evidencia antes de presentarla de manera desordenada.

Rol de la víctima y del imputado en el proceso penal

La víctima suele iniciar el camino mediante una denuncia ante Carabineros, PDI, Fiscalía o la propia institución financiera. En algunos casos, además, puede presentar una querella para tener una participación más activa en el proceso, proponer diligencias y ejercer acciones civiles para buscar reparación del daño.

El imputado, por otro lado, puede verse sorprendido con una citación o derechamente con una formalización sin haber comprendido completamente la acusación. Es importante recordar que toda persona goza de presunción de inocencia y que tiene derecho a guardar silencio, a contar con un abogado y a controvertir la prueba que se presente en su contra.

Nuestro rol en Justo Proceso es acompañar a ambos perfiles: víctimas que necesitan ordenar su caso y buscar justicia, e imputados que requieren una defensa penal estratégica. En ambos escenarios es esencial comprender cómo funciona el proceso penal chileno y cuáles son los plazos para actuar.

Defensas posibles frente a una acusación

No toda pérdida patrimonial es necesariamente un delito. En la práctica, es frecuente que conflictos comerciales, incumplimientos contractuales o malentendidos se intenten encuadrar como estafa o fraude informático. Una defensa sólida debe partir por analizar si se cumplen realmente los elementos del tipo penal:

• Falta de engaño suficiente: cuando la información proporcionada era veraz o no tenía capacidad real de inducir a error.
• Ausencia de dolo: si no existía intención de engañar o de causar un perjuicio, sino un error, negligencia o un conflicto civil.
• Problemas de causalidad: cuando el perjuicio no es consecuencia directa del acto atribuido al imputado.
• Suplantación de identidad: casos en que terceros usan indebidamente claves o datos del acusado.
• Cuestionamiento de la prueba digital: dudas sobre la integridad de los registros, manipulación posible o ruptura de la cadena de custodia.

Además, el derecho penal chileno contempla salidas alternativas y acuerdos reparatorios en ciertos escenarios. Evaluar estas opciones, o bien buscar un sobreseimiento o una absolución, depende de una revisión caso a caso. Si enfrentás una investigación de este tipo, es recomendable que converses con abogados especializados en delitos económicos y ciberdelitos antes de tomar decisiones que puedan cerrar caminos de defensa.

Qué hacer si eres víctima de fraude informático

Si detectas movimientos no autorizados, pagos a empresas que no reconoces o un engaño asociado a plataformas digitales, el tiempo es crucial. Algunos pasos básicos son:

• Tomar capturas de pantalla de correos, chats, sitios web y anuncios relacionados con el fraude.
• Contactar de inmediato a tu banco o proveedor de pagos para intentar bloquear operaciones y cambiar claves.
• Reunir comprobantes de transferencias, estados de cuenta y cualquier comunicación con el supuesto estafador.
• Presentar denuncia ante las autoridades competentes y solicitar un número de caso.

A partir de ahí, la clave es ordenar la información y construir una narrativa clara de lo ocurrido. En Justo Proceso te ayudamos a revisar la viabilidad de acciones penales, a coordinar con peritos si es necesario y a definir una estrategia para maximizar tus posibilidades de recuperar parte del daño o, al menos, obtener una condena ejemplificadora.

Qué hacer si te acusan de estafa o fraude informático

Ser investigado por estafa o fraude informático puede resultar especialmente angustiante, sobre todo si sientes que se trata de un malentendido o de un problema estrictamente comercial. Lo primero es no minimizar la situación: estos delitos suelen conllevar penas privativas de libertad y consecuencias reputacionales relevantes.

Antes de declarar, es fundamental conversar con un abogado penalista. Muchas personas intentan “explicarse” sin asesoría y terminan entregando información incompleta o que puede interpretarse en su contra. Una defensa responsable te ayudará a:

• Analizar la carpeta investigativa y la solidez de la prueba de la Fiscalía.
• Reunir correos, contratos, mensajes y respaldos que acrediten tu versión.
• Definir si conviene declarar, en qué momento y con qué enfoque.
• Explorar salidas alternativas o acuerdos reparatorios, cuando sean procedentes.

Si ya recibiste una citación o te notificaron de una formalización, te invitamos a agendar una reunión con Justo Proceso para revisar tu situación, proyectar escenarios y diseñar una estrategia de defensa alineada con tus intereses y con la realidad del proceso penal.

Conclusión

La estafa y el fraude informático son delitos que combinan técnica jurídica y tecnología. Probarlos o defenderse de ellos requiere entender cómo se mueven el dinero, los datos y las decisiones dentro de sistemas cada vez más complejos. Un correo, un registro de acceso o un pequeño detalle en un contrato pueden ser determinantes.

Tanto si eres víctima como si te enfrentas a una acusación, no estás obligado a enfrentar este escenario en soledad. En Justo Proceso ponemos a tu disposición un equipo especializado en derecho penal y ciberdelitos, capaz de traducir la evidencia digital al lenguaje de los tribunales y de acompañarte en cada etapa del proceso. Dar el paso a tiempo para buscar asesoría puede ser la diferencia entre un caso que se pierde en la complejidad técnica y una estrategia clara para proteger tus derechos.